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Hazim y demás implicados en desfalco a SENASA podrían enfrentar hasta 20 años de prisión

Santo Domingo, RD. – Santiago Hazim y los demás señalados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SENASA), cuyo monto supera los 15 mil millones de pesos, podrían enfrentar penas que van desde 10 hasta 20 años de prisión, además de multas y el decomiso total de bienes ilícitos.

Las sanciones corresponden a violaciones a los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, uno de los principales cargos incluidos en la acusación de la denominada Operación Cobra. Esta legislación establece penas de prisión mayor y multas de 200 a 400 salarios mínimos, además de la incautación de bienes y la inhabilitación permanente para ejercer funciones en entidades financieras o instituciones del Estado.

La acusación también incluye delitos como prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsificación y uso de documentos falsos, así como delitos de alta tecnología, cuya penalidad varía entre tres meses y dos años de prisión.

Cargos específicos contra Santiago Hazim

El expediente señala que Hazim habría violado el Artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción, además de enfrentar imputaciones por:

  • Asociación de malhechores
  • Coalición de funcionarios
  • Prevaricación
  • Estafa contra el Estado
  • Desfalco
  • Soborno (Ley 448-06)
  • Violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
  • Lavado de activos (Ley 155-17, múltiples artículos)

Los demás implicados

Entre los coacusados figuran:
Gustavo Enrique Messina, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) continúa ampliando la investigación mientras el Ministerio Público prepara la solicitud de medidas de coerción para cada uno de los imputados.

El proceso judicial avanza mientras el país sigue atento a una de las mayores acusaciones de corrupción administrativa registradas en el sector salud.

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